Por: Verónica Mesa
En los últimos años, por causa de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, las condiciones de vida de lxs venezolanxs han empeorado considerablemente. Necesidades insatisfechas, bajos ingresos, deseos de huir a cualquier lugar que ofrezca mejores posibilidades se conjugan para convertirse en el caldo de cultivo perfecto para las redes de trata.
Tratar a una persona significa reclutarla, transportarla, albergarla o recibirla con el fin de explotarla. Es decir, tratar a alguien es estar involucradx en cualquier parte del proceso para su comercialización/esclavización. Aunque los contextos migratorios suelen ser idóneos para la trata, esta puede ocurrir incluso dentro del propio país o ciudad. La trata persigue distintos fines siendo los más comunes la explotación sexual y el trabajo forzado.
Este crimen no es neutral cuando se refiere al género. De acuerdo con las cifras de la UNODC publicadas en el Reporte Global de Trata de Personas (2018) las mujeres y niñas son desproporcionadamente afectadas constituyendo el 94% de las víctimas en la industria de explotación sexual comercial. Además, las formas de sometimiento y las condiciones de explotación a las que son expuestas suelen ser altamente crueles e indignas.
Lxs tratantes se aprovechan de las necesidades de las mujeres para engañarlas con falsas propuestas, ofrecerles trabajo e incluso amor como un salvavidas hacia un mejor porvenir. Lxs encargadxs de captar a las víctimas con frecuencia carismáticxs o de buena presencia, son expertxs en manipular. Suelen ganarse la confianza propiamente de las víctimas o se acercan a sus familiares y amigos ofreciéndose como una mano amiga. Engañadas, las chicas acceden sin saber que lo que realmente les espera en su próximo destino es una vida de vejaciones sin libertad para decidir. Una vez en manos de las redes estas se aseguran de quitarles los documentos y darles buenas dosis de violencia física y psicológica para que no puedan escapar.
Para 2018 se hace evidente que las venezolanas empiezan a engrosar los números de las víctimas de este crimen. Comienzan a surgir en las noticias casos notorios como el de una ex-miss venezolana que trataba a sus connacionales en Austria. Venezolanas en el exterior, dedicadas a la prostitución aparecen muertas violenta y repentinamente. Levantando dudas sobre las circunstancias y si realmente realizaban ese oficio de manera voluntaria.
En 2019 se hace imposible ignorar el problema dentro del país a causa de los naufragios a mediados de ese año de las dos embarcaciones con destino a Trinidad y Tobago, Jhonailys José y Ana María. Entre ambas embarcaciones había 26 venezolanas, 6 de ellas menores de edad, se presume que todas estaban siendo víctimas de trata. A un año de los naufragios se desconoce si las chicas yacen en el mar o siguen en manos de sus captorxs.
De acuerdo con cifras de Mulier para 2018 hubo un aproximado de 400 mujeres y niñas venezolanas rescatadas de redes de trata, para 2019 unas 500. La mayoría de ellas fueron rescatadas en los países iberoamericanos y caribeños que albergan la mayor cantidad de migrantes venezolanxs.
No obstante, no podemos pensar que hablar de mayor cantidad de venezolanas rescatadas significa que estamos ganando la lucha contra la trata. Por el contrario, la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU estima que por cada víctima identificada de trata hay unas 20 sin identificar, so you do the math.
Podemos ver que las cifras entre 2018 y 2019 aumentan porque a medida que se visibiliza el problema, éste gana mayor cubrimiento en los medios. Además con la visibilización vienen los pronunciamientos y compromisos institucionales. Para atender a las víctimas, el Ministerio Público dicta en la Gaceta Oficial del pasado 08 de octubre, la creación de la Fiscalía 95 Nacional Especializada en el Delito de Trata de Mujeres.
Pese a la insuficiencia de habilitar una sola fiscalía centralizada en la capital del país, lejos de las peligrosas fronteras donde estos crímenes suceden, el gesto fue recibido con la esperanza de que el gobierno empezara a tomar en serio este problema. Sin embargo, [y sin sorpresa] hasta la fecha no se sabe nada de su proceder.
Ahora bien, la emergencia del COVID-19 convierte al 2020 en un año sui generis. Como ya fue advertido por la ONU y la OIM la pandemia puede provocar el aumento de contrabando de migrantes y trata de personas. La pérdida generalizada de ingresos hace a la población más propensa a caer en las redes de lxs tratantes. A su vez, lxs tratantes se vuelven más intrépidos para escoger a víctimas “no usuales” debido al empobrecimiento colectivo.
Así mismo, las medidas de confinamiento y aislamiento para frenar el contagio generan incluso más obstáculos para la detección de las víctimas de trata. Los recursos normalmente empleados para prevenir, detectar y atender a estas víctimas han sido desviados para enfrentar la pandemia.
Para los primeros seis meses de 2020 desde Mulier hemos podido registrar 233 venezolanas, 50 de ellas menores de edad, rescatadas de redes de trata. Los números no esconden la tendencia. Es más o menos la mitad de las venezolanas rescatadas el año pasado. Una cifra considerable si tomamos en cuenta que los medios están intensamente dedicados a la cobertura del virus. El interés por reseñar noticias de venezolanas rescatadas por los medios nacionales e internacionales es de [aún más] baja prioridad.
Peor aún, el temor al contagio no ha logrado que se reduzca la demanda de los servicios sexuales que estas bandas ofrecen. Surgen nuevas formas de explotación en línea o a domicilio incrementando la vulnerabilidad de las chicas tratadas y su probabilidad de contraer coronavirus.
En contextos fronterizos y migratorios la pandemia aumenta la necesidad de recurrir a traficantes de migrantes y a grupos ilícitos. Particularmente para Venezuela, el cierre de sus fronteras porosas se traduce en venezolanas desesperadas que luchan por salir del país o por volver a él. Abusando de la vulnerabilidad de las migrantes estos grupos aumentan sus tarifas y se vuelven más propensos a la extorsión.
La frontera con Colombia, desde hace años sujeta a políticas irregulares y cierres dependiendo del estado de las relaciones diplomáticas, una vez más es cerrada por la pandemia del COVID-19. Evidentemente, el cierre no significa que las migrantes no van a pasar a uno u otro lado. Sin el camino oficial, solo queda la ilegalidad. Pasar por las “trochas” o pasos ilegales y acudir a los trocheros. Esta es la ruta que miles de venezolanas toman para abastecerse, trabajar en Colombia y regresar, migrar definitivamente al vecino país o como canal de salida hacia otras naciones latinoamericanas.
Las migrantes se exponen a que las violen, a caer en redes de trata, a ser desaparecidas o a morir, sin poder contar con las autoridades para que las defiendan. Por su estatus irregular, policías y agentes de migración les niegan sus derechos, las maltratan o las dejan en manos de bandas paralegales. En las zonas fronterizas, el Estado y sus representantes carecen de control real, ejercido por los grupos ilícitos que allí hacen vida. En tierra de nadie, las chicas están básicamente a disposición de las voluntades de quienes se encuentren en el camino.
La frontera con Colombia no es la única problemática, la frontera con Brasil se convierte cada vez más en un espacio para la minería ilegal y la trata de personas. Ni siquiera las fronteras marítimas son seguras para las venezolanas desesperadas que en estos tiempos de creciente miseria luchan por huir del país. Quienes operan los inestables botes en los que embarcan suelen ser cómplices de la trata, igualmente lo son las autoridades en los puertos. Si sobreviven el mar, en la otra orilla las espera una vida de esclavitud hasta que puedan pagar “la deuda que costó trasladarlas”.
Los efectos de la pandemia no solo recaen en las mujeres adultas, las chicas jóvenes se hacen aún más vulnerables. Lxs niñxs y adolescentes que continúan con educación virtual al pasar más tiempo en internet, se vuelven más propensxs a ser víctimas de pedófilos, depredadores sexuales y tratantes de personas. La pedofilia sale de la deep web para aparecer a disposición de los simples usuarios. Durante la pandemia se han multiplicado exponencialmente las cuentas en redes sociales con contenido explícito protagonizado por menores de edad. Con el tráfico aumentando en las redes sociales y su personal reduciéndose a causa de las medidas de distanciamiento social, se vuelve más difícil controlar, censurar y eliminar el material sexual de estas plataformas.
Al mismo tiempo, alrededor de 10 millones de niñxs en Latinoamérica nunca volverán a las aulas por causa del COVID-19, bien por falta de recursos o porque se han convertido en lxs proveedorxs de sus familias. En este contexto, niñas y adolescentes se vuelven incluso más vulnerables a las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Mitos acerca de la virginidad y la aceptacion de la pedofilia en el mercado sexual hace que estas se coticen por mayor valor a menor edad, lo cual las hace particularmente lucrativas para lxs tratantes.
Ante la falta de empleo seguro, el abandono por parte del Estado y una situación económica que empeora, las mujeres y niñas venezolanas están más expuestas a las inescrupulosas redes de trata. Sujetas sin ingresos y despojadas de sus derechos, objetas de lo que cualquiera que cumpla la cuota quiera hacerles.
Como vemos la trata de personas es un fenómeno complejo enraizado en la vulnerabilidad en la que suele sumirse a las mujeres y está en crecimiento por la situación país a la que han sido sometidas las venezolanas que solo empeora por la crisis del COVID-19. La precariedad convierte a los cuerpos (o cuerpas) mujeres en moneda de cambio. En este contexto, venezolanas empobrecidas y migrantes se vuelven prácticamente invisibles.
