Cronología de los naufragios en Venezuela (tristemente son más de los que crees)
Por: Verónica Mesa
Personas desesperadas, hacinadas en balsas inestables, huyendo así les cueste la vida de lugares cruentos e inhóspitos era una imagen de la que lxs venezolanxs no nos sentíamos protagonistas hasta el año pasado. En el 2019 nos descubrimos innegablemente parte de este difícil fenómeno. En menos de un mes entre abril y mayo, desaparecen dos botes, el Ana Maria y el Jhonnailys José, con 38 y 33 pasajeros respectivamente, de los cuales solo se han hallado 10 sobrevivientes.
Son muchas las vicisitudes que encuentran estos migrantes antes de decidir lanzarse al agua a probar su suerte, este no es un paseito de lujo por voluntad y placer. La falta de ingresos suficientes y porvenires que se vislumbran aún más oscuros empujan a estxs a embarcarse en una lúgubre travesía. Los dueños de los botes los rentan, los operarios de los botes cobran entre $300 y $500 dólares por cada pasajerx. Las autoridades a ambos lados reciben su cuota por dejar salir y entrar a las embarcaciones de manera irregular.
Ahora bien, en la mayoría de los casos, las personas que reclutan pasajerxs y operan las embarcaciones no trabajan por su cuenta sino en conjunto con bandas criminales que se dedican al tráfico de drogas y a la trata de personas. Lxs migrantes son forzados al mar por la precariedad que sufren en Venezuela. Sin embargo, en la otra orilla tampoco les espera la tan anhelada libertad. Al llegar corren el peligro de ser controladas por estas redes quienes las someten a trabajos forzados, explotación sexual y demás vejámenes.
También pueden sucumbir en altamar. Las embarcaciones son pequeñas y parten sobrecargadas, sin contemplar las mínimas normas de seguridad. Además salen de tarde y noche para evitar ser atrapados por la guardia costera y corren el riesgo de no soportar el fuerte oleaje de un mar abierto nocturno.
Cuando los naufragios suceden, la falta de recursos para llevar a cabo los operativos de búsqueda y rescate (gasolina, embarcaciones, personal), sumada a la falta de interés de las autoridades por dar una respuesta efectiva son fantasmas recurrentes de estas catástrofes. Si estxs migrantes sobreviven el mar y escapan de los tentáculos de las redes de trata, en lugar de ser recibidas con solidaridad en Trinidad y Tobago (T&T), se encuentran con una escalada de actitudes y prácticas xenófobas que les descalifican, revictimizan y aumentan sus condiciones de vulnerabilidad.
Las costas al otro extremo del país no son más seguras, aunque tal vez los incidentes que ahí ocurren tengan mucha menos publicidad. El 7 de junio de 2019 desaparecen 34 personas de una embarcación presuntamente naufragadadespués de zarpar de las costas de Falcón. Entre los pasajeros había 19 hombres, 10 mujeres y 5 adolescentes. De todos ellos, solo apareció un cadáver 2 días después. Elio Ramones de 45 años. Tomó 3 meses para que repatriaran el cuerpo a Venezuela. Aunque su causa de muerte fue determinada “ahogamiento”, tanto por las autoridades en Curazao, como por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Venezuela, una autopsia privada revela 3 heridas de bala en el difunto.
La turbia implicación de las autoridades no termina allí. De acuerdo con una testigo, una noche antes del zarpe, miembros de la policía llegaron a la playa Punta de Aguide, donde los migrantes esperaban para partir. Revisaron viviendas, personas, carros, se llevaron a 4 mujeres detenidas y a uno de los organizadores del trayecto, identificado como Danilo al CICPC de Tucacas. Las devolvieron a la playa al día siguiente.
La también desaparecida Paola Gutierrez, novia del capitán de la embarcación y según testigos la persona a cargo de organizar a los pasajeros, se comunicó presuntamente con una amiga a dos meses de la desaparición. Afirmaba que les están matando y quitando órganos para vender. No se conocen más comunicaciones.
La pandemia en 2020 se convierte en el telón de fondo para una escalada de xenofobia-aporofobia a nivel global, además de la excusa perfecta para aumentar el autoritarismo, las medidas arbitrarias y el desprecio a lxs migrantes. El 17 de marzo de 2020, casi completamente opacado por la llegada del Coronavirus al país, desaparece un bote con 17 personas que salió de la Tiraya, también en el Estado Falcón. Desde Armando.Info reportan que hay 7 detenidos por el caso, sin detalles sobre imputación de cargos. Sigue sin haber noticias del paradero de estxs venezolanxs.
Hace apenas tres semanas, nos indignábamos por otro ultraje sufrido por migrantes venezolanos en T&T. Después de haber arribado a la isla un grupo de 25 venezolanos, incluidos 16 niños, fue expulsado violando el principio de no retorno y arriesgando severamente su integridad personal. Permanecieron 48 horas en el mar, hasta que pudieron retornar a la isla amparados en una orden judicial.
En ese entonces, la respuesta del primer ministro de la isla, Keith Rowley, fue que “Trinidad y Tobago estaba bajo asalto de personas sin nombre ni rostro armadas con niñxs inocentes para intentar obligarles a aceptar su visión de “estatus de refugiados” donde se espera que una pequeña isla de 1.3 millones de personas mantenga abiertas las fronteras para su vecino de 34 millones de personas, incluso durante una pandemia […] En este momento tenemos las fronteras cerradas incluso para nuestros propios ciudadanos y resistiremos todos los esfuerzos de aquellos que quieren abrirla a la fuerza a través de la inmigración ilegal” (traduccion propia). La política detrás de estas declaraciones es clara: falta de cooperación internacional y criminalización de estos migrantes a toda costa y de regreso a la costa.
El silencio de los representantes del gobierno venezolano ante el caso fue abrumador. Apenas vagos comentarios del Canciller sobre una necesaria futura reunión con T&T. La política detrás de esta falta de declaraciones también es clara. No esperen que autoridades de uno u otro lado ayuden a estos venezolanos.
Ante tal panorama, el próximo horror no se hace esperar. En la noche del 12 de diciembre aparecen cuerpos ahogados en nuestras costas a 7 millas náuticas de Güiria. Un dolor inmenso recorre todo el país, un país que gracias a su gente ahora se extiende por el mundo.
Cuando estalló la noticia el 13 de diciembre, David Smolanski, el comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, informó que se trataba de 19 cuerpos, de los 11 identificados al momento, habían 7 adultos y 4 menores de edad. También señaló que familiares de los fallecidos habrían denunciado que zarparon el domingo 6 de diciembre. Que el bote “fue devuelto de la isla y habría naufragado”.
Existe confusión en los medios de comunicación sobre si estos cadáveres corresponden o no con los pasajeros del bote “Mi recuerdo” que partió de Güiria a T&T el 6 de diciembre. Ese mismo día, desde el medio local Oriente 24, con información del periodista Francisco Marín, allegados de los desaparecidos del 6D desmienten este hecho y explican que los cuerpos hallados el 12D no corresponden a sus familiares.
Aclaran que son dos embarcaciones distintas y piden a los medios de comunicación y la comunidad internacional no confundir las listas de los pasajeros de cada una, pues pueden entorpecer o detener por completo cualquier esfuerzo de búsqueda de sus familiares. Presumen que los desaparecidos el 6D se encuentran en un centro de detención en T&T. En la lista elaborada por los familiares de las 11 personas desaparecidas de la embarcación Mi Recuerdo estarían: Ridiangelis Rausseo, Luis Martínez, Diego Martínez, Inés Subero, Dorelvis Pacheco, Deivis Gil, Neison Martínez y cuatro menores de edad entre 8 años y 11 meses.
A pesar de esa declaración, la confusión en medios y autoridades persiste hasta el punto de no poder determinar o no si se trata de casos y embarcaciones distintas. El lunes 14 de diciembre, el fiscal general Tarek William Saab, informa que fue detenido por el delito de trata de personas Luis Alí Martínez, el presunto dueño del bote Mi Recuerdo “donde se trasladaban los venezolanos que se ahogaron en Güiria”. Así mismo, el fiscal afirma que la entidad emitió una alerta roja contra el ciudadano Alberto del Valle Abreu Cedeño y órdenes de allanamiento para capturar a otras seis personas vinculadas a este caso.
En medio de la incertidumbre, la confusión entre casos, de cuerpos por identificar y seres sin hallar, luchan las familias por dar con noticias de sus allegados. La migración forzada no se detiene y las tragedias tampoco.
Hoy, 15D reportan un nuevo bote desaparecido con 22 venezolanos, nuevamente deportado por las autoridades trinitarias en condiciones que desafían cualquier norma del derecho internacional. Según el testimonio de una de sus familiares, los migrantes fueron detenidos el 14 de diciembre por la Guardia Costera en Trinidad. Les dispararon, sin importar la presencia de niñxs y adultos mayores, y se los llevaron a la estación de policía en la ciudad de San Fernando donde estuvieron hasta la mañana de ayer, cuando se decide expulsarlos del país. Se tuvo noticias de ellos por última vez desde la playa de Chatham, en Erin Bay. De acuerdo con el periodista Francisco Marín llevan más de 12 horas desaparecidxs. Entre lxs pasajerxs se encuentran: Selida Velásquez de 60 años, Jesus Naranjo de 65 años, Ashley Sophia de 8 años, Herwin Naranjo de 13 años, Rosa López, Robert Piña, Jairo Hernández.
Los botes no van a dejar de salir porque la miseria en tierra firme es más asfixiante que las olas del mar. Porque quedarse en el país también se perfila como una muerte segura a manos del hambre, el hampa, las enfermedades, sin oportunidades de educación. Cuerpas y cuerpos tratados, vendidos, desaparecidos, hinchados. Familiares sin respuestas. Sueños ahogados. ¿Acaso no merecemos vivir?
